Los datos asustan: cada dos minutos se produce la muerte de un niño por accidente de tráfico, lo que supone unos 600 fallecidos al día y más de 200.000 al año. No es de extrañar que este tipo de lesiones sean la primera causa de muerte de niños y adolescentes en el mundo. Las cifras son especialmente alarmantes en países con ingresos medios y bajos donde se producen el 97% de los fallecimientos por esta causa. 

Y tampoco es raro, por tanto, que sea una de los problemas que más preocupan a organizaciones que tratan de proteger los derechos y salud de los menores, como es el caso de UNICEF. “Los niños, adolescentes y jóvenes tienen derecho a una movilidad segura; desplazamientos cotidianos como el trayecto a la escuela, el regreso a sus hogares o moverse entre comunidades no deberían suponer un riesgo para ellos. Cada vida perdida en las calles y carreteras, en cualquier país, es una tragedia que puede y debe evitarse poniendo en marcha políticas eficaces de seguridad vial”, explica Marta López Fesser, responsable de Alianzas de UNICEF España. 

En aras de alcanzar el objetivo de garantizar el derecho a una movilidad más segura y sostenible en países con una incidencia alta de accidentes entre menores, como es el caso de Brasil o India, en 2017 UNICEF firmó una alianza con Fundación Abertis. El acuerdo entre ambas entidades tiene como fin empoderar a los jóvenes en la toma de iniciativa y en la puesta en marcha de prácticas de seguridad vial en sus comunidades. 

Una iniciativa que, tal y como aseguran desde UNICEF, va más allá de la prevención de lesiones y muertes por accidentes de tráfico, ya que supone un reto para el desarrollo global de la salud y el bienestar de los niños, al tener un impacto positivo en otros aspectos de su desarrollo como la salud mental o la exposición a la contaminación ambiental. Eso sin contar con el impacto económico tanto en la salud pública como en la propia economía familiar de las familias de las víctimas, derivado del tratamiento de las lesiones, pero también por la pérdida de productividad o ingresos fruto de estas (según las estimaciones de la organización, este tipo de accidentes suponen un coste del 3% del PIB).

Lara, 19 años. Foto cedida por Unicef

Juntos en Brasil

La alianza que UNICEF y Fundación Abertis iniciaron hace siete años pone el foco de su actuación, entre otros, en barrios de ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, que por estar mal conectados o carecer de infraestructuras, suponen todo un reto para la movilidad segura. Circunstancias que tienen sus consecuencias más allá de este tipo de problemas, ya que afectan también de manera significativa a los derechos fundamentales de la población infantil y juvenil en materias tan sensibles como la educación, el empleo o el acceso a la atención médica y los servicios sociales. 

Ciudade Tiradentes es uno de estos lugares. Se trata del segundo distrito de São Paulo con el tiempo medio de trayecto en transporte público más largo: 1 hora y 9 minutos, un 62% más que el promedio de la ciudad. Los más de 71.500 niños y adolescentes que residen allí se ven obligados a lidiar a diario con los problemas derivados de la falta de conexiones con el resto de la ciudad, un servicio de transporte público precario y la ausencia de señalización, a los que hay que sumar los propios de un barrio deprimido, como son la inseguridad o la violencia, entre otros. 

Casos como el de Lara, de 19 años, demuestran lo difícil que los jóvenes de la ciudad lo tienen a la hora de seguir estudiando. Para ir a la universidad, Lara emplea más de cuatro horas y media al día: “Utilizo cuatro medios de transporte: dos autobuses, metro y tren. Paso más tiempo en ir y volver que en clase. A menudo, tengo que estudiar en el transporte público”.  

Evitar que estas circunstancias mermen las oportunidades laborales y educativas de estos jóvenes es lo que se pretende desde iniciativas como la liderada por UNICEF y Fundación Abertis: “La solución a estos problemas pasa por políticas públicas que prioricen a la niñez y adolescencia, la coordinación entre los distintos actores y, sobre todo, la escucha a los propios niños, niñas y adolescentes que día a día enfrentan estos desafíos”, explica Adriana Alvarenga, coordinadora interina del territorio sureste de UNICEF Brasil.

En concreto, en el proyecto impulsado por ambas entidades, el papel de los propios jóvenes y adolescentes resulta crucial, al participar en el debate para la formulación de políticas públicas que impacten de manera positiva en la seguridad vial y la movilidad urbana, y por ende en el colectivo. 

Así, los estudiantes de Ciudade Tiradentes han realizado numerosas propuestas de cambio en los caminos hacia los centros de estudio para hacer de estos lugares más seguros, que han sido implementadas a escala municipal. 

“Cuando los jóvenes nos unimos, cuando nos movilizamos, podemos cambiar las cosas, podemos llevar demandas a las autoridades públicas. Tener la noción de que tenemos voz y que podemos hacer avanzar estas demandas es importante”, explica Gustavo, de 18 años. 

Por su parte, Georgina Flamme, directora de la Fundación Abertis, hace énfasis en el papel que las entidades privadas pueden desempeñar a la hora de mejorar las condiciones de los jóvenes en los entornos menos favorecidos: “El sector privado debe ser un actor relevante para afrontar los grandes retos sociales. Desde la razón de nuestro negocio podemos sumar para mejorar el derecho a una movilidad segura y sostenible. En un país en el que Abertis está presente, estamos orgullosos de ver el impacto positivo que nuestra alianza estratégica con UNICEF está generando en las grandes metrópolis de Brasil para reducir las tasas de lesiones y muertes infantiles por accidentes de tráfico, y fomentar una movilidad inclusiva para todos”.

Sayee, 15 años Fotos cedidas por Unicef

Más y mejor movilidad

El acuerdo estratégico alcanzado por Fundación Abertis y Unicef España en 2017 ha venido poniendo el foco en rebajar las estadísticas relacionadas con los incidentes de tráfico en los que se ven envueltos menores. Desde entonces, ambas entidades han basado su estrategia en una serie de pilares fundamentales entre los que se encuentra el hacer de los alrededores de los centros escolares entornos seguros mediante medidas como la reducción de los límites de velocidad; impulsar  la mejora de las legislación en torno a la seguridad vial; propiciar el conocimiento por parte de la población en general de las normas de seguridad vial e incluir esta temática dentro de currículo escolar, o generar estudios e investigaciones que compilen y analicen lo aprendido sobre las intervenciones en esta materia. 

Durante la primera fase de esta alianza, ambas entidades pusieron en marcha el proyecto Derechos de Vía con el objetivo de reducir el impacto de los accidentes viales en la población infantil y juvenil. Filipinas, Jamaica y Brasil fueron los primeros países en los que el proyecto se puso en marcha. Durante este tiempo, la asociación entre ambas entidades ha ayudado a mejorar la seguridad de casi 267.000 niños y jóvenes en estos tres países

Village: Arkhango, Block: Dhanwar , District: Giridih , State: Jharkhand, Country: India 23rd December 2022 – Students going to their home after school over for the day.

Los buenos resultados cosechados alentaron a que en julio de 2022 se revalidara el acuerdo. En esta segunda parte, se continuará promoviendo la movilidad segura para los niños y jóvenes a través de iniciativas en países como Brasil o India. En el país asiático, la alianza ha permitido que jóvenes como Makarand, residente en Pune (India) sea más consciente de los peligros que puede acarrear la falta de políticas en seguridad vial: “Si eres menor de 18 años, eres susceptible de sufrir peligrosos accidentes de tráfico. Lo que nos parece una aventura puede poner en peligro nuestra vida y la de los demás”, reivindica Makarand. 

Entre los proyectos incluidos en esta segunda etapa de la alianza, destaca el programa puesto en marcha en México, dirigido a promover el acceso a carreras STEM a niñas y jóvenes de colectivos económicamente deprimidos del país norteamericano. La razón de este acuerdo se basa en el convencimiento de que las diferencias de género desde el punto de vista de la educación impiden que las mujeres se incorporen a carreras técnicas o de ciencias, arrebatando a la sociedad del talento femenino en materia de seguridad vial e infraestructuras, así como de una perspectiva más amplia en materia de movilidad. 

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